El Derecho en las nuevas tecnologías

De WikiNoticias UANL

6 de mayo de 2010

Una de las problemáticas que se han presentado con la llegada de las redes sociales y las transacciones por Internet, es la protección con la que cuentan los datos personales una vez que son puestos en la red.

En una sociedad inmersa en el desarrollo tecnológico, herramientas ya tan cotidianas como el Internet siguen motivando a la innovación y creando nuevas necesidades.

En las últimas décadas, la necesidad de dotar a los usuarios de Internet de un marco jurídico que les permita ejercer ciertos derechos y obligaciones dentro de la red, se ha convertido en objeto de estudio para muchos investigadores.

En el Centro de Investigación de Tecnología Jurídica y Criminológica (CITEJYC) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) la doctora Myrna Elia García Barrera ha dedicado su extensa vida académica al estudio de los retos que ofrecen las nuevas tecnologías dentro del derecho.

“Todos los que tienen acceso a Internet son libres y totalmente creativos. El Internet es un factor democratizador donde todos podemos manifestarnos, pero la manifestación de esas ideas tiene que ser con responsabilidad”.

“Nuestro deber es construir la doctrina, la terminología jurídica para saber hacia dónde debemos de guiar la propia regulación”, explicó la doctora García Barrera.

Una de las problemáticas que se han presentado con la llegada y el apogeo de las redes sociales y las transacciones por Internet, es la protección con la que cuentan nuestros datos una vez que son puestos en la red.

Los datos personales son “toda información concerniente o relativa a una persona identificada o identificable. La protección de dichos datos está íntimamente ligada con el derecho a la intimidad”.

Según la investigación, "El Desafió de la Protección de los Datos Personales en México", llevada a cabo por la doctora García Barrera, dichos datos personales están ligados con la intimidad, siendo que ésta posee relevancia jurídica, ya que repercute en la convivencia de las personas, y la divulgación arbitraria por parte del Estado o de la iniciativa privada de dichos datos puede traer consigo consecuencias jurídicas.

“La definición de privacidad incluye el derecho fundamental del individuo a determinar cómo se utiliza su información personal”, publicó la doctora García Barrera en la misma investigación.

Los datos personales se recopilan en la mayoría de los casos sin el consentimiento del titular o dueño de los datos. Aun y cuando el otorgamiento de esa información no significa autorizar su uso para otros fines, esto sí llega a suceder y es entonces cuando es necesario regular el uso de estos datos por parte de quienes los requieren.

Esta violación a la privacidad ha generado un nuevo enfoque para regular el manejo de información personal en posesión de entes públicos y privados.

El tema es complejo y son muchas variables las que se deben tomar en cuenta: “Se tiene que hablar del derecho a la imagen, del derecho a la intimidad, del derecho a la privacidad y en un momento dado una serie de seguridades tecnológicas y jurídicas sobre el tratamiento de bases de datos”, comentó la doctora García Barrera.

Para valorar la protección que merece cierta información, existen tres niveles: en el nivel uno se encuentran los datos personales de identificación, como el nombre, el estado civil, entre otros; de los cuales se tiene la claridad de que en algún momento puedan salir a la luz.

En segundo nivel se encuentran los datos académicos y los datos patrimoniales; y en el tercer nivel de protección, se encuentran, el expediente médico, la ideología religiosa y política, además de la tendencia sexual del usuario.

Hay algunos casos en los que el derecho a la información y el derecho a la privacidad se cruzan y es en esas circunstancias en donde los investigadores tienen que hallar una respuesta a este tipo de conflictos, que por su naturaleza se convierten en jurídicos.

Un claro ejemplo de lo anterior, es el caso de la transparencia en los padrones de afiliados de los partidos políticos que son presentados en Internet.

Para poder mantener el registro, los partidos políticos, debe de cumplir con una serie de requisitos conforme a la ley electoral ya sea federal o estatal. Estos requisitos pueden ser, un determinado porcentaje de la votación o tener una cantidad real de afiliados a su corriente política.

Es un hecho, según la doctora García Barrera, que los partidos políticos deben de rendir cuentas a la población por utilizar dinero público para su funcionamiento, lo cual los convierte en sujetos obligados, directos, en el derecho de acceso a la información.

Es entonces cuando se crea el problema jurídico, ya que se escudan en el hecho de que exhibir a sus miembros activos en Internet viola los derechos de privacidad de los mismos. Esta estrategia ha provocado que muchas de las listas de miembros no sean conocidas por la mayoría de la población y en algunos casos sean falseadas.

En opinión de la investigadora, se debe llegar a un punto de inflexión que permita darle credibilidad a la organización y a los datos que son expuestos, logrando así vivir en la cultura de la transparencia, “porque en la medida en que se viva en la cultura de la transparencia, se irá erradicando la corrupción”, aseguró la doctora Myrna Elia García Barrera.

  • La Dra. Myrna Elia García Barrera es Licenciada en Derecho, Facultad de Derecho y Criminología (FDC), de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Maestra en Derecho Fiscal, por la FDC, UANL, y es la primera mujer en egresar del Doctorado en Derecho de la FDC, UANL en el 2005.

Fue también Coordinadora General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de 1996 a 1999, Directora General del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado del 2001 al 2004, Directora Técnica de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León del 2007 a 2008 y es Presidenta del Consejo Directivo 2009-2011, del Colegio de Ciencias Jurídicas en Nuevo León, A.C.

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